Edificio de la Contraloría: la cara con la que se enterrará a este Gobierno.

“El pueblo no se ahueva ¡carajo! Hermanos Quito es indio”, es parte de uno de los grafitis que saltan a la vista en lo que, aunque no parezca, sigue siendo el edificio de la Contraloría General del Estado (CGE) en Quito; ha pasado casi un año, desde que, del 7 al 12 de octubre de 2019, éste espacio fue blanco de la protesta social concentrada en el Parque El Arbolito y sus alrededores, porque los demás lugares de protesta estaban cercados.

Pero hagamos un breve resumen de lo ocurrido. El 02 de octubre de 2019, el presidente Lenin Moreno firmó una de las más controversiales medidas, el Decreto 883, cual principal objetivo fue liberar el precio de los combustibles entre otras cosas; como era de esperarse, los primeros reclamos vinieron por parte de los transportistas, seguidos de los estudiantes, trabajadores y la oposición política que aprovechó el momento para pescar a río revuelto.

Se dice, que los periodistas de los medios grandes del país ya conocían desde días antes sobre dicho Decreto, pero aún así no informaron y callaron sobre el impacto que tendrían estas medidas en la ciudadanía; por parte del Gobierno dijeron que la oposición correísta venía fraguando un golpe de estado desde hace meses con el influjo psíquico desde Venezuela y Cuba. La izquierda argumentó que esto era un plan del FMI en contra los derechos adquiridos por años con la lucha social, etc. El punto es que el Gobierno, como acostumbra, falló al aplicar sus tácticas comunicativas y no medir el descontento social que estas medidas causarían.

La falta de empleo y obras con enfoque social, la priorización del pago de la deuda externa y una clara línea neoliberal del Gobierno, fueron el caldo de cultivo para que Quito sea la protagonista de una ola de protestas que encendieron las luces en Latinoamérica, y que meses después, a pesar de la pandemia, aún se mantienen y parece que están lejos de apagarse.

¿Pero, por qué el edificio de la Contraloría sigue sin ser reparado? A 20 días de que se recuerde un año de su ataque, este lugar sigue resguardado por más de 15 guardias privados, quizá para recordarnos la supuesta violencia de los indígenas, estudiantes, clase obrera y todos lo que se movilizaron en octubre, o a la espera de que el seguro que contrató la Contraloría en febrero de 2019, por más de 41 millones de dólares se viabilice de alguna forma. En agosto de este año, la CGE, supuestamente, iba a recibir por parte de Seguros Sucre USD 13.017.568 de indemnización, por las instalaciones de la institución por los daños ocasionados, pero no sabemos si ya van a empezar los trabajos, o si el Contralor tiene como prioridades continuar su pelea con el CNE, y las decisiones que ellos tomen de cara a las nuevas elecciones del 2021.

Mientras tanto, el espacio sigue muerto y tampoco se ha comprobado o hecho público por parte de la tan presta y trabajadora Fiscalía General del Estado, lo que dijo Moreno y el mismo Celi, que estos actos eran resultado de grupos externos pagados y organizados que usaron la movilización indígena con fines de saqueo, desestabilización y para quemar las evidencias de procesos del Gobierno anterior.

Pero lo que sí pasó fue la detención de 34 personas, entre ellas seis menores de edad, 14 indígenas quienes tienen prohibido salir del país y deben presentarse periódicamente en la Fiscalía; cuando el mismo contralor Celi aseguró tener conocimiento de que en el asalto no participaron miembros de la Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador (Conaie) o de organizaciones sociales.

De lo que sabemos es que el 12 de octubre de 2019, un grupo de encapuchados no identificados ingresaron a la fuerza a las instalaciones de la Contraloría General del Estado y causaron daños como si un cuartel hubiera desatado su furia contra el enemigo. Además, tan educados los pirómanos destructores, habrían pedido a los periodistas que estaban en el sitio que se mantuvieran alejados de la zona. Cabe resaltar que, en la reconstrucción de la Fiscalía y Criminalística, realizada en diciembre de 2019, solo participaron 100 de los policías del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía (GOE) y militares que colaboraron en el despeje del área y arrestaron a los “sospechosos”.

En la actualidad, la Contraloría se mantiene como un área acordonada en la que abundan los escombros, solo los grafitis nos recuerdan las razones por las cuales octubre del 2019 aún sigue presente. Pero ecuatorianos, no perdonamos el norte ni nos abracemos del recuerdo de una victoria pasada, porque debido a la pandemia el Gobierno y una Asamblea Nacional engordada con repartos, aprobó la Ley de Crecimiento Económico y la Ley Humanitaria; se eliminaron subsidios, se concesionaron las petroleras, mientras tanto parte del pueblo y algunos líderes indígenas siguen hipnotizados con el supuesto triunfo de la derogatoria del Decreto 883.

Así llegaremos al primer aniversario y la Contraloría seguirá cercada, como lo está el Centro Histórico de Quito, que desde hace un año se suma a los grandes logros de este Gobierno, quien al parecer llegará a mayo del 2021, culpando de todos sus errores a su antecesor.