La pandemia confirma que el acceso a la salud es un privilegio

Sucedió hace más de 10 días. Recibimos la llamada en donde nos informaban que dos de nuestros familiares más cercanos se habían contagiado. La pareja, de más de 70 años de edad, presentaba síntomas avanzados. De acuerdo al médico que los examinó, ella necesitaba de urgencia ser internada.

Entonces empezó el viacrucis

El sistema público de salud colapsado.  Ingresarla implicaba no saber nada de ella por días o semanas. Además, nada garantizaba que pueda recibir atención oportuna, pues seguramente su caso no era el más grave que ingresaba a la sala de emergencias.

Las clínicas privadas fueron la siguiente opción.  Las pocas habilitadas para atender pacientes COVID no tenían disponibilidad. Las clínicas también se convirtieron en una posibilidad inalcanzable. Si alguna llegaba a tener cupo, se solicitaba una importante cantidad de dinero. Una, por ejemplo, requería un abono de 15 mil dólares como garantía para el ingreso de la paciente. Una cifra poco alcanzable para una pareja adulta mayor, con ingresos promedio de 400 dólares mensuales.

La decisión fue llevarlos a casa con el tratamiento médico completo, conseguir enfermeras que puedan atenderlos de manera permanente, tomando en cuenta todas las normas de bioseguridad. Además, se contó con el seguimiento permanente del médico tratante, a través de telemedicina.

Fueron días complicados, no solo por la impotencia de no poder hacer más que generar la distancia física, sino porque el COVID-19 es una enfermedad desconocida y la respuesta a un tratamiento depende de cada organismo. Sin embargo, ese cuidado permanente ha permitido que logren superar la fase más crítica.

Esta situación experimentada de manera personal es la que miles de familias enfrentan diariamente resultado de la pandemia. Un sistema de salud colapsado, servicios de medicina privada inalcanzables, largas filas para acceder a medicinas, silencio y poca información sobre el estado de nuestros familiares.

La pandemia ha evidenciado con total crudeza las desigualdades sociales. Acceder a la salud, a una atención de calidad para quienes enfrentan COVID-19, en la práctica, es un privilegio, aunque la Declaración Universal de los Derechos Humanos la establece como un derecho.

Esta historia no la vivimos en Ecuador, sucedió en Perú. Sin embargo, somos países hermanos con realidades hermanas, donde las carencias, las poco ágiles respuestas del Estado, la crisis económica y los intereses que convierten a la salud en una mercancía, le pasan factura siempre a los más empobrecidos.