Con 9 votos a favor, la Corte Constitucional aceptó la acción de protección en contra de Jorge Yunda «por vulnerar los derechos a la seguridad jurídica y motivación de los accionantes» dando la razón a Santiago Guarderas y a Mónica Sandoval. Con esta decisión de última instancia, Yunda deja de ser Alcalde de Quito.
La Corte declaró que las sentencias de primera y segunda instancia vulneraron los derechos a la seguridad jurídica y motivación de los accionantes.
«Además, una vez evidenciada la afectación causada por las sentencias, y ante una posible desnaturalización de la acción de protección, la Corte Constitucional procedió a conocer y analizar el mérito de la causa de origen. Así, se pronunció directamente respecto de la demanda de acción de protección presentada en contra del informe de la Comisión de Mesa del Concejo Metropolitano», dijo el organismo.
Determinó que el informe de mesa no vulneró los derechos constitucionales del señor Jorge Yunda Machado.
«Además aclaró que, mediante esta acción, a la Corte Constitucional le corresponde únicamente pronunciarse sobre el acto impugnado -informe de la Comisión de Mesa del Consejo Metropolitano de Quito- y no respecto del resto del proceso de remoción que fue llevado a cabo, ni sobre la adecuación de las normas abstractas que lo rigen».
Con la resolución, se dejó sin efecto las sentencias de primera y segunda instancia.
Debido a «la constatación de irregularidades en el sorteo de la causa, puso el expediente en conocimiento del Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado para que investiguen diligentemente y determinen las responsabilidades civiles, penales y administrativas que correspondan.
Asimismo, dispuso que el Consejo de la Judicatura adopte medidas estructurales para corregir y evitar este tipo de irregularidades y malas prácticas.
A finales de julio, la Sala la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Pichincha rechazó la apelación a una acción de protección otorgada a favor de Jorge Yunda y dejó sin efecto el proceso de remoción que aprobó el Concejo Metropolitano.
La decisión motivó a Santiago Guarderas a acudir ante la Corte Constitucional para presentar el recurso de acción de protección. La audiencia de cargo y descargo se realizó el pasado 13 de septiembre y el 24 del mismo mes la jueza Karla Andrade envió al Pleno de la Corte el proyecto de resolución.