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Pablo Celi lejos de salir de prisión. Su caso se complica tras nueva acusación

El juez Adrián Rojas extendió la medida cautelar para Esteban Celi y Pedro Saona. Mientras que para la empresa de origen asiático dispuso la prohibición de enajenar bienes inmuebles por un monto de hasta 780 salarios básicos unificados. 

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Por:  Redacción La Verdad

Una vez que el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, formuló cargos contra el excontralor Pablo Celi, su hermano Esteban, Pedro Saona y el representante legal de la empresa china Camc Engineering por su presunta participación en el delito de cohecho, el juez nacional  Adrián Rojas dictó prisión preventiva contra los tres procesados y la prohibición de enajenar bienes inmuebles por un monto de hasta 780 salarios básicos unificados para la firma de origen asiático.

Fueron tres horas que se tomó el magistrado para analizar la documentación presentada en este nuevo proceso en contra del excontralor subrogante y que se deriva del caso Las Torres por delincuencia organizada.

Toainga expuso 18 elementos de convicción que harían presumir la participación de los procesados en el delito investigado.

Durante su intervención, el funcionario manifestó que, entre 2018 y 2021, Pablo Celi como contralor habría desvanecido la glosa de USD 22’645.008,32 a favor de la empresa china, mediante la Resolución No. 17121, de 26 de abril de 2019.

La acción se habría dado a cambio del pago de USD 1’335.985, efectuado por la referida persona jurídica, lo cual había sido facilitado por Esteban Celi y Pedro Saona, quienes -una vez ejecutado el desvanecimiento de las glosas, a través de LegalCont- habrían concretado la entrega de la coima.

Según la Fiscalía, la empresa china habría entregado un beneficio económico indebido, a cambio de desvanecer la glosa en la Contraloría, valiéndose de personas cercanas a Pablo Celi, quien tenía el poder para hacerlo.

Fiscalía indicó que, para darle apariencia de legalidad a este beneficio económico, el 22 de febrero de 2019 suscribieron un contrato entre Saona, gerente general de LegalCont, y el representante de la empresa China Camc Engineering.

El juez Rojas dispuso un período de 90 días para el desarrollo de la instrucción fiscal.

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