La conformación de una comisión que evalúe a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, y a los integrantes del Consejo de Administración Legislativa (CAL) continúa generando polémica en el legislativo.
Llori solicitó medidas cautelares a la justicia, mientras que quienes buscan su salida presentaron denuncias por incumplimiento de funciones en su contra.
La crisis que atraviesa la Asamblea Nacional se agudiza cada vez más. Esta semana, la función legislativa vivió una de las situaciones más turbulentas del actual periodo.
Empezó con las polémicas medidas cautelares concedidas por la justicia a la presidenta Guadalupe Llori para frenar la conformación de la comisión multipartidista que evalúe su gestión y la de los integrantes del CAL.
Según el asesor jurídico de la presidencia de la Asamblea, las medidas cautelares no fueron solicitadas porque Llori se aferra al cargo sino para garantizar que se actúe conforme a la ley.
Frente a esto las bancadas del PCS, UNES y un integrante del BAN presentaron denuncias contra Llori por incumplimiento de funciones. Con eso la conformación de la comisión de evaluaciones se apegaría a lo que establece la ley de la función legislativa.