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Fiscalía pide ubicar a Sebastián Yunda

El hijo del exalcalde de Quito debía presentarse ante la autoridad judicial y colocarse el grillete electrónico, pero no lo ha hecho. El joven es investigado por presunta asociación ilícita en el Municipio de Quito.  

Imagen referencial
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Por:  Redacción La Verdad

La Fiscalía solicitó que se fije fecha y hora para la audiencia de revisión de medidas cautelares en contra de Sebastián Yunda por incumplimiento de las dictadas durante la audiencia de vinculación al proceso por presunta asociación ilícita.

El hijo del exalcalde de Quito, Sebastián Yunda, debía colocarse el 1 de octubre el grillete electrónico y cumplir con las otras medidas.

El juez Máximo Ortega le dispuso que se presente los lunes y viernes desde las 08:00 hasta las 17:000 en la Unidad Judicial Norte, así como le prohibió salir del país. Con respecto a este último punto, Sebastián Yunda estaría en Bolivia, de acuerdo con la investigación de sus movimientos migratorios realizada por la Interpol.

Al hijo del exalcalde se lo investiga por conversaciones encontradas en su celular con funcionarios del Municipio de Quito, las cuales harían referencia a obtener beneficios de contratos adjudicados por empresas municipales.

Sebastián Yunda debía presentarse el pasado 27 de septiembre ante la Fiscalía y el 1 de octubre colocarse el grillete, pero ninguna de estas disposiciones las acató.

Días atrás, Edgar Molina, abogado de Sebastián Yunda, indicó que esta situación fue comunicada a su cliente y le recomendó que se presente porque es obligatorio, pero que la decisión es de él.

Molina señaló que, si no se presenta, el juez podría otorgar la prisión preventiva y le correspondería preparar la defensa técnica.

De acuerdo con la Fiscalía, el delito de asociación ilícita se cometió dentro del Municipio de Quito entre el 2019 y 2020.

Actualmente, en este caso hay seis procesados que se habrían asociado con la finalidad de cometer otros delitos; entre ellos, la oferta y el tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y enriquecimiento privado no justificado.

Los investigadores también rastrean una serie de depósitos y transferencias recibidas en las cuentas bancarias de los procesados.

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