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Esposa del exdefensor del pueblo pide juicio político para Diana Salazar

La cónyuge de Freddy Carrión también ha impulsada una demanda por fraude procesal contra la Fiscal General, misma que se encuentra en curso.

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Por:  Redacción La Verdad

Priscila Schettini, esposa del exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, ingresó un documento en la Asamblea Nacional en el que solicita que se inicie una investigación y juicio político contra la fiscal General, Diana Salazar, por su actuación en el proceso judicial que involucra a su pareja: “Y que constituyen una clara muestra del uso indebido del sistema de justicia en Ecuador”.

En el documento de 15 páginas donde se adjuntan fotos y anexos de lo que hasta ahora ha sido el caso, se pide a la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, que corra traslado el oficio y sus respectivos anexos a los 136 asambleístas, a fin de que con base a sus facultades y competencias establecidas en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa:

Se inicie la investigación correspondiente para censurar y destituir mediante juicio político a la Fiscal General Diana Salazar, por incumplimiento de funciones con base pruebas y antecedentes que presenta.

Se la reciba acompañada de sus abogados con el fin de exponer a Llori o quien se designe, los pormenores y las pruebas que adjunta.

Cabe destacar que Schettini ya ha presentado una demanda por fraude procesal contra la Fiscal General del Estado ya que, asegura, se forjaron documentos para justificar la detención de Carrión.

El pasado 4 de enero en entrevista a Radio Pichincha, la esposa del exfuncionario detalló que  que el 16 de mayo de 2021 a las 14:20 fue detenido Carrión por parte de la fiscal Maura Soria, luego de supuestamente haber sido designada al caso, sin embargo tras escanear el QR de la firma electrónica de Salazar se pudo evidenciar que la asignación fue el 17 del mismo mes a las 12:05, es decir un día después de ejecutado el operativo: “Se forjaron y manipularon fechas”.

“Según el documento que reposa en el proceso la Fiscal Diana Salazar autorizó a las fiscales Maura Soria y Paola Gallardo para que se realicen las investigaciones el 16 de mayo a las 10:00 (…) pero cuando realizamos el escaneo de la firma electrónica la sorpresa es que el documento se firmó el 17 de mayo y se detuvo ilegalmente el 16”.

Sostuvo que todo esto demuestra una persecución política contra Carrión, puesto que cuando ejercía como Defensor del Pueblo denunció a Salazar por incumplimiento de funciones al no validar las denuncias que se presentaron por los hechos de octubre de 2019: “Por este caso dejaron, incluso, a Lenín Moreno”.

Recordó que el médico legal, encargado de determinar el presunto abuso sexual sobre la mujer que acusa a Carrión, es esposo de una fiscal de Pichincha e hizo ese procedimiento cuatro días después de lo ocurrido.

“No protegen a la ciudadanía sino a los Gobiernos de turno y a políticos de su círculo, el sistema judicial está prostituido, todos estamos en la indefensión”.

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