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Caso Las Torres: cuarto intento para instalar la audiencia de juicio contra Pablo Celi

Pablo Celi y 10 personas más irán a juicio por presunta delincuencia organizada. El Tribunal analizará el caso del excontralor subrogante, quien está próximo a cumplir 65 años y a que se le caduque la prisión preventiva. 

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Por:  Redacción La Verdad

Este lunes 14 de marzo, a las 15:00, está previsto que se instale la audiencia de juicio en el caso Las Torres por presunta delincuencia organizada.

Esta es la cuarta ocasión que se intentará que la diligencia se realice en contra de 11 de los 13 procesados, ya que Roy Calero y Pedro Saona son prófugos y no pueden ser juzgados en ausencia.

Luego de tres excusas y dos recusaciones a conjueces y una jueza de la Corte Nacional, el Tribunal definitivo quedó integrado por el juez Walter Macías (ponente) y los conjueces Adrián Rojas y Mauricio Espinosa.

Previo a la audiencia se consultará a las partes procesales si tienen algún reparo (recusación) en contra del conjuez Espinosa. De no darse ninguna negativa, la diligencia se instalará.

Una vez instalada la audiencia, los magistrados analizarán las pruebas que presentarán las partes, así como lo que expondrá la Fiscalía y la parte acusadora.  No se descarta que también se analice la sustitución de la prisión preventiva de Celi, quien cumplirá el próximo 9 de abril los 65 años de edad y el 13 de abril, en cambio, caducará su prisión preventiva.

Ante esta situación, el juez ponente anticipó que la audiencia de juicio se efectuará sábados y domingos  por la cantidad incluso de testigos y peritos que darán su versión, pues son más de 400 personas.

La Fiscalía sustentó su acusación en 79 elementos que hacen suponer que el excontralor subrogante, Pablo Celi y el exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, lideraron una estructura delictiva para exigir a Nolimit, una empresa contratista de Petroecuador, sobornos a cambio de desvanecer glosas en la Contraloría, mantener contratos con Petroecuador y gestionar pagos pendientes.

Para la entidad, los actos de corrupción se dieron entre el 2017 y 2020 y en ellos participaron funcionarios públicos de nivel directivo de Petroecuador, la Contraloría y la Secretaría de la Presidencia, con el fin de obtener beneficios económicos.

Marcelo Ron, abogado del excontralor, dijo que el llamado a juicio de su cliente no tiene sustento jurídico ni existen hechos imputables.

Sostuvo que el juez Felipe Córdova, quien llevó a cabo la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio acogió los elementos de la Fiscalía, a pesar de ser suposiciones expuestas en chats, reuniones y transacciones en los que su cliente no habría participado.

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