El presidente de la Comisión de Garantías Constituciones, José Cabascango, convocó, por segunda vez, al presidente de la República, Guillermo Lasso, para el viernes 22 de octubre, con el fin de que entregue información sobre la investigación denominada Pandora Papers, en el que se encuentra presuntamente vinculado.
Cabascango subrayó que el mandatario tiene que asistir a la mesa, de manera obligatoria, y bajo prevención de ley, a la sesión que se desarrollará a las 08h00, del día señalado.
El legislador advirtió que es causal de enjuiciamiento político el incumplimiento a una convocatoria de una comisión parlamentaria, tal como establece el artículo 76, inciso cuarto, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la que en su artículo 77, inciso primero, faculta a la Asamblea Nacional a investigar la actuación de cualquier funcionario público, de las distintas funciones del Estado, en este caso el presidente de la República, Guillermo Lasso, o sobre actos de interés ciudadano que hayan generado conmoción social o crisis política.
El titular de la mesa legislativa deploró la respuesta de Lasso a la primera convocatoria a comparecer, debido a que el mandatario señala su disponibilidad para recibir a los integrantes de la comisión en el Palacio de Gobierno, pero una vez que esta concluya con todas las comparecencias dispuestas, porque, sostiene Lasso, es su derecho conocer lo que dicen los comparecientes en torno a los Papeles de Pandora.
“Esta es la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad. No somos la Comisión de Fiscalización que toma comparecencias a domicilio”, contestó Cabascango.
Estaba previsto en el orden del día de la sesión de esta tarde que la mesa reciba al presidente de la República, pero, como ya anunció con antelación, este no asistió y en su lugar envió una comunicación al presidente del organismo parlamentario.
En su oficio, Lasso señala que ni la Asamblea Nacional ni la comisión son los órganos competentes para investigar las causas relativas con el incumplimiento de la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular de 2017, que prohíbe que un candidato o funcionario público tenga bienes en paraísos fiscales.
A criterio de Lasso, esta norma concede competencia privativa en estos asuntos a la Contraloría General del Estado, entidad que por pedido suyo inició una investigación, en la que aseguró que aportará todos los descargos que fueran pertinentes.
El mandatario reiteró su relato que lo ha repetido en todos lados: que desde que presentó su candidatura a la Presidencia de la República, en 2017, no estuvo incurso en tenencia de empresas offshore en paraísos fiscales ni tiene relación con estos.
Insistió en que, en los últimos 15 años, entre el Banco de Guayaquil y la Corporación Multi S. A., el fideicomiso GLM y él han pago en conjunto, por impuestos y contribuciones, 588 millones 864 mil dólares.