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Esta es la denuncia penal en contra de Pablo Celi

Por presunto tráfico de influencias, presentan denuncia penal en contra de contralor Pablo Celi.
martes, 12 de enero de 2021 · 12:30

El Frente Cívico de Perjudicados por la Contraloría General del Estado presentó una denuncia penal en contra del contralor general Pablo Celi, por el presunto delito de tráfico de influencias, debido a una glosa desvanecida por USD 112 millones en favor de una telefónica.

Previo a la presentación formal de la denuncia, la organización ofreció una rueda de prensa a las 11h00, en la que se detalló esta diligencia. Posteriormente, horas después, a través del abogado Alejandro Rodas Coloma, vocero oficial, la organización presentó la demanda ante la Fiscalía General del Estado. 

Tras la denuncia, Rodas explicó que la Contraloría habría obligado a uno de sus funcionarios a desvanecer esta glosa por USD 112 millones en favor de la telefónica Claro; sin embargo, el ciudadano, quien ya no trabaja para la institución, denunció el hecho ante el abogado.

«Hay documentos. Rendirá la versión que el caso amerita. Por otro lado, técnicamente, por un peritaje hecho por la propia empresa se perjudicó al Estado ecuatoriano con USD 112 millones de dólares», enfatizó el jurista.

Agregó que la responsabilidad recaería sobre Celi, su asesor de confianza Lincoln Larrea Oña, el director de responsabilidades, Luis Miño y el jefe inmediato del exfuncionario que denunció el hecho, Hans Coloma.

Por su parte, la abogada que acompañó al doctor Alejandro Rodas a presentar la denuncia señaló que este hecho sucumbiría en lo tipificado por el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal que dictamina:

«Las o los servidores públicos, y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, enumeradas en la Constitución de la República, prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica, ejerza influencia en otra u otro servidor para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros, serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años».

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