Caso reabierto
10 años se libró de la justicia. Obligaba a prostitirse a menor con discapacidad
A 9 años de reclusión menor ordinaria fue sentenciado Ramón Germán, tras haber sido declarado culpable del delito de explotación sexual, cometido a una menor de 17 años de edad, que sufría de discapacidad intelectual severa.
En la audiencia de juicio, en la Unidad Judicial del cantón La Libertad, el fiscal Juan Pablo Arévalo presentó pruebas testimoniales, documentales y periciales, entre estas, los testimonios de cinco personas, que incluyeron al agente investigador, médicos psicólogos y familia de la víctima.
A esto se sumaron los informes investigativos, médicos y psicológico y el de reconocimiento del lugar de los hechos; la denuncia de la madre de la víctima, partida de nacimiento de la menor, copia certificada del carné de discapacidad emitido por el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades (Conadis) y la valoración psicológica y biométrica practicadas al procesado.
El Tribunal Penal, conformado por los jueces Felipe Pozo, Daisy Lindao y Abdón Monroy, acogió en su totalidad las pruebas presentadas por Fiscalía y emitió sentencia condenatoria contra el agresor, disponiendo además el pago de una multa económica (que se informará con la notificación de la sentencia a las partes procesales) y de una reparación integral a la víctima de 5 mil dólares.
Foto: índice Político
Investigación se reabrió
El hecho se suscitó en noviembre de 2010, cuando la víctima de 17 años, a la fecha del hecho y quien sufre de una discapacidad intelectual severa, era obligada por el sentenciado a prostituirse y mantener relaciones sexuales con clientes de un bar, que se encontraba adjunto a una panadería que tenía Ramón Germán, amenazándola con agredirla si contaba del particular.
La adolescente contó posteriormente lo sucedido a su madre y familiares, quienes trataron de ubicar al agresor, pero este logró escapar de su vivienda, ubicada en el barrio Jaime Roldós, en La Libertad. Fue denunciado y se inició una investigación penal, que quedó pendiente y fue reabierta tras la captura del infractor, en enero de 2020.
