Las diversas variantes sobre una operación del Batallón de Colombia que abandonó 11 muertos en un poblado fronterizo con Ecuador tiene puestas cada una de las miradas de organismos nacionales e de todo el mundo de derechos humanos. La Organización de las Naciones Unidas, Human Rights Watch, la Defensoría del Poblado y la Procuraduría han pedido un “esclarecimiento” del operativo que el Regimen de Iván Duque presentó como un logro de estabilidad, empero sobre el que hay muchas dudas. No obstante, velozmente se alzaron voces de la sociedad, ubicada al sur de la nación, y de empresas sociales que aseguraron que los muertos eran civiles y denunciaron el hecho como un “falso positivo”, como se denomina en Colombia a las ejecuciones extrajudiciales de civiles a manos de militares. A la alerta se sumó la Defensoría del Poblado que confirmó que en medio de las 11 personas había diversos civiles, integrados dirigentes sociales identificados en la sociedad, como el mandatario de el comité de acción comunal, Divier Hernández y su señora, Ana María Sarria; el gobernador del poblado indígena del Bajo Remanso, Pablo Panduro Coquinche, y Brayan Pama, de 16 años. Yo me despedí, me fui para la finca y una vez que llegué, oí las bombas la explosión”, contó al territorio Argemiro Hernández, papá de Divier, horas luego de las exequias. Su relato coincide con el de otros testigos que hablan de la llegada de militares “disfrazados de negro”, de disparos a corta distancia y armas puestas alrededor de los cuerpos, lo cual rememora el espectro de los erróneos positivos, la práctica que abandonó por lo menos 6.402 civiles asesinados entre 2008 y 2008 en el Territorio. El señor Hernández confirma que, luego de casi 8 horas de espera, se rebeló contra los militares y accedió al sitio donde yacía su hijo.